El titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Antonio Fernández Domínguez, dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Creel, en Bocoyna, tiene un avance del 98 por ciento (%) en equipamiento y 96% en obra física, así como un 80% en el modelo operativo que incluye permisos y licencias que se necesitan para su actividad.
En conferencia de prensa, Fernández Domínguez manifestó que este aeropuerto tendrá un gran impacto en toda la región serrana, tanto para el sector minero como forestal y turístico. La posibilidad de contar con esta instalación permitirá traslados aéreos de Monterrey, Torreón, Juárez y Chihuahua.
Explicó que en una primera etapa tendrá un flujo de 80 mil pasajeros por año en los primeros cinco años, lo que implica una derrama económica de mil millones de pesos y la generación de 100 empleos directos y 500 indirectos, en una de las zonas donde existe mucha necesidad de crear empleos formales.
Compartió que posteriormente podrá desarrollarse hasta tener un promedio de 250 mil pasajeros por año.
Antonio Fernández expresó su beneplácito porque este aeropuerto se pueda abrir en el corto plazo, para lo cual se tiene comunicación con todos los sectores económicos relacionados.
Expuso que el inmueble está en óptimas condiciones, la arquitectura va acorde a la zona, puede recibir vuelos de aviones grandes provenientes de ciudades de la Unión Americana.
Adelantó que se tiene un plan de que turistas que lleguen a Los Cabos, Baja California Sur, puedan tomar un vuelo hasta Creel y disfrutar de las atracciones turísticas que ofrece, incluido el tren Che-Pe.
El secretario dio a conocer que no se ha podido terminar al 100 por ciento, porque existe una orden de un juez en torno a expediente 2097 con fecha del 22 de noviembre de 2019 y el ordenamiento se realizó el 15 de diciembre de 2020.
A su vez, el director de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, Javier Corrales, recordó que fue resuelto la demanda de la comunidad de Repechique, que en 2014 presentó juicio de amparo radicado con el número 422/2014 y se derivó en la obligación del estado para indemnizarlos por 65 millones de pesos, para lo cual se creó un fideicomiso para entregarles ministraciones semestrales.
Antonio Fernández informó que a la fecha, entre varias administraciones estatales se han invertido 640 millones en el aeropuerto de Creel y se espera que una vez librada la última orden judicial, se puedan iniciar operaciones en un periodo máximo de seis meses aproximadamente.