Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 26 de septiembre del 2021.- La detención de Marcelo C.R. y Paulino R.C., ambos acusados de asesinar a un hombre indígena la madrugada del 29 de mayo del 2016, “no garantiza las condiciones de seguridad y la procuración de justicia” a la comunidad rarámuri de Choréachi o Pino Gordo en el municipio de Guadalupe y Calvo, expresaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Cabe destacar que, luego de la detención de estas dos personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó a través de un comunicado de prensa “que, estas acciones forman parte de las investigaciones que se integran como parte de la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitida 10 de junio del 2020, en la que requirió al Estado mexicano a que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger de manera efectiva los derechos de la vida y a la integridad personal de los miembros de la comunidad indígena de Choréachi”.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la organización Alianza Sierra Madre A.C., calificaron que dicha información vertida por la FGE de Chihuahua “es incorrecta, en el sentido de que con la ejecución de la orden de aprehensión contra Marcelo C.R y Paulino R.C., se haya dado cabal cumplimiento a la resolución de la CIDH”.
“Recordemos que los integrantes de la comunidad de Choréachi han sido víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos por la defensa de su territorio y recursos naturales, razón por lo que la CIDH ordenó al Estado mexicano medidas provisionales colectivas desde marzo de 2017”, expresaron.
En este sentido, ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos en la Sierra Tarahumara, celebraron que el caso del asesinato de Genaro se encuentre en vías de procurar justicia a su familia, sin embargo, reiteraron que hay otras familias que aún se encuentran en espera de verdad, justicia y reparación. Así también, el Estado mexicano no ha resuelto las causas estructurales que originaron la inseguridad y violencia en Choréachi.
Por ese motivo, exhortaron a los tres niveles de gobierno a coordinar esfuerzos para coadyuvar en el cumplimiento de la resolución de la CIDH en esa zona de la Tarahumara azotada por la violencia y el desplazamiento forzado.