Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 14 de octubre del 2021.- El 30 de agosto de 2020, Collado se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Norte cuando se le cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua por un peculado de 13.7 millones de pesos, como parte de la causa penal 778/2020.
De acuerdo con el expediente abierto por la Fiscalía estatal durante el sexenio del panista Javier Corral, al que tuvo acceso este medio, la administración de César Duarte, a través de la Secretaría de Hacienda, simuló la contratación de Collado para supuestas asesorías en materia de deuda pública, derechos humanos, fideicomisos y controversias constitucionales, entre otros servicios.
Para ello, funcionarios públicos habrían confeccionado documentación ad hoc para justificar los pagos millonarios. No obstante, la FGE halló irregularidades administrativas en el papeleo y ausencia de comprobantes de la prestación de servicios, y obtuvo el testimonio de exfuncionarios que colaboraron en la simulación, confirmaron fuentes de la Fiscalía.
“Diversos servidores públicos y personas externas, repartiéndose roles y actividades, del mes de enero de 2013 al mes de marzo de 2014, concertaron y efectuaron la distracción de $13,780,000.00 del erario, destinado a fines públicos. Para lo cual, simularon la realización de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales de asesoría jurídica con el imputado (…) que nunca fueron prestados, fingiendo para ello el contrato y un convenio modificatorio con sus respectivos pagos y facturación, además de documentación, a efecto de integrar un expediente como proveedor, efectuándose los pagos mediante transferencias bancarias desde cuentas de la Secretaría de Hacienda a la del imputado”, dice el expediente de la FGE.
“En particular (Juan Collado) fue el encargado de concertar el desvío del recurso en cuestión, de aportar su despacho jurídico para fingir la prestación del servicio profesional, de facilitar el material de facturación y documentos personales a fin de integrar un expediente como proveedor, así como de operar el trámite administrativo de contratación simulada con los funcionarios involucrados, y posteriormente, recibir el dinero público desviado”.
Según la indagatoria, el gobierno de Chihuahua transfirió a Collado los 13.7 millones de pesos en cinco depósitos efectuados el 26 de julio, el 25 de octubre, el 24 de diciembre y el 30 de diciembre de 2013, y el 26 de marzo de 2014.
Una fuente de la FGE señaló a Animal Político que la simulación de contratos de servicios personales fue el mismo mecanismo utilizado en la “Operación Safiro”, mediante la que fueron desviados 246 millones de pesos de fondos federales a través de la Secretaría de Educación de Chihuahua del gobierno de Duarte para financiar campañas del PRI.
Al indagar las transferencias a Collado, los fiscales de Chihuahua encontraron que más autoridades le hicieron depósitos presuntamente usando el mismo tipo de contratos amañados.
“La utilización de servicios profesionales era la forma más utilizada para distraer recursos, porque era la que mayores facilidades les daba a la hora de justificar una adjudicación directa”, afirmó la fuente.
El gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León es el que más recursos públicos transfirió a cuentas de Collado por servicios sin comprobar.
De acuerdo con la documentación fiscal del SAT consultada por este medio, la administración estatal pagó al abogado 42 millones 860 mil pesos: 8.5 millones en 2013 y 33.3 millones en 2014.
La cifra pagada por la administración del priista Medina representa más de la mitad del total de los desvíos efectuados a las cuentas del abogado, conforme los registros fiscales del SAT.
Animal Político envió solicitudes de información a seis dependencias de Nuevo León para solicitar los contratos o convenios celebrados con Collado que justificaran los pagos realizados.
Todas las dependencias estatales refirieron a la Secretaría de Administración, que funge como una Oficialía Mayor que centraliza las compras de todo el gobierno. Esa institución respondió, a su vez, que no tenía entre sus archivos registro de contrato alguno con Collado, su despacho o su financiera.
Por su parte, el gobierno de Aguascalientes, con el priista Carlos Lozano de la Torre como mandatario, transfirió 9 millones de pesos a las cuentas del abogado: 2 millones en 2013 a través de la Secretaría de Finanzas y 7 millones a través del Instituto de Educación de Aguascalientes en 2014 y 2015.
Ninguna de estas dos instituciones proporcionó los contratos que justificaran esos pagos. Únicamente el Instituto de Educación proporcionó la copia de un convenio de colaboración celebrado con Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. (Caja Libertad) en 2019, es decir, en una administración diferente a la de Lozano de la Torre, que es la que efectuó los depósitos a Collado.
Dicho convenio fue para que Caja Libertad otorgara créditos a los trabajadores de la educación. El convenio no generó un costo para el gobierno estatal, pues la empresa de Collado se beneficiaría de los intereses cobrados a los deudores mediante descuentos vía nómina.
El gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa pagó 1.5 millones de pesos a Collado. Este medio envió solicitudes de información a cuatro instituciones estatales y ninguna reconoció tener contratos que respaldaron las transferencias de recursos públicos al abogado.
Por último, el SNTE le hizo depósitos por 12 millones 545 mil 670 pesos en tres años, según la documentación fiscal del SAT. El sindicato que dirigía Juan Díaz de la Torre pagó a Collado 1.2 millones de pesos en 2014, 7 millones 90 mil pesos en 2015 y 4.1 millones de pesos en 2016.
En respuesta a una solicitud de información, la organización sindical precisó que no halló contratos que hubieran sido cubiertos con recursos públicos, pero dejó abierta la posibilidad de que existieran pagos de servicios efectuados con cargo a las cuotas de los trabajadores, las cuales “no son susceptibles de ser informadas”, indicó.