Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 28 de octubre del 2021.- La inteligencia de José Mario Sánchez Soledad no tiene límites. Se convirtió en vocero de los transportistas de Ciudad Juárez, luego de que la empresa Lazo 5 Puntos, ganadora de una de las rutas de la nueva troncal del Bravo Bus, se afilió a la Coparmex. La fantasmal compañía, que no está dada de alta en ningún documento oficial, abrió el camino mediático al líder empresarial que, dicho sea de paso, le fascina el glamour.
El organismo empresarial que dirige el regordete, ‘ajonjolí de todos los moles’, es ahora quien lleva la voz cantante del proyecto de transporte BRT 2 que, se creía, podría ser la obra maestra de Javier Corral.
Nos mintió el exgobernador panista. Y a esa gran farsa se sumó el líder de Coparmex que ofreció sus buenos oficios a Javier Corral, como lo hizo con Armando Cabada, en su terrorífico paso por la presidencia municipal. Al ahora flamante diputado pluri, le prestó le prestó la lengua y las criadillas en el tema de la feria.
La farsa de Sánchez Soledad se convirtió en una aventura transexenal. Coincidentemente, el líder empresarial tiene días hablando de la necesidad de incrementar la tarifa del transporte urbano que sería la base para que el BravoBus opere en Ciudad Juárez.
El martes 26, el nuevo titular de Transporte, Eduardo Fernández Sigala informó sobre el inicio de actividades del Consejo Consultivo a nivel local y se recibió la propuesta de los concesionarios de aumentar la tarifa de 8 a 11 pesos.
Todo se va a atorar con Maru Campos, que en unos días tendrá que decidir la nueva tarifa, previo al análisis del Consejo Consultivo que se reunirá en la ciudad de Chihuahua.
¿Por qué el interés del líder de Coparmex? La razón es muy simple. Su cara de monaguillo de pueblo es solo la apariencia de una bondad que gira sobre su tremendo colmillo.
En torno a Sánchez Soledad, un buen número de asesores esperan la puesta en marcha del BRT-2 para entrar a las grandes ligas en el negocio del transporte.
Situaciones extrañas que solo se dan en Ciudad Juárez: la corrupción en el proceso de licitación del Bravo Bus, ruta troncal dos, la conoce muy bien a Maru Campos; está bastante enterado de cada detalle de ese desaseo el líder de la Coparmex; la conoce Eduardo Fernández Sigala y ahora la hacemos pública para conocer la doble moral de don huevón Corral y sus huestes.
A pesar de tanta información y evidencia, no hay una demanda penal, no hay un expediente que ponga en riesgo la libertad de los corruptos ex funcionarios de Transporte Público.
Y esa corrupción fue el pan de todos los días durante el quinquenio de Javier Corral Jurado. Todos se embarraron las manos. No se sabe hasta dónde llegó la porquería, pero la evidencia está disponible si alguien la necesita.
No era un simple tráfico de influencias, sino un espantoso tráfico de influencias. Las cuotas de protección que fueron a parar a las manos de David Holguín Baca, el jefe de Transporte estatal y a la ‘corruptota’, como le llaman los concesionarios a Tania Amaya.
El mugrero alcanza hasta la administración de Víctor Estala Banda, también panista, exjefe de transporte en Ciudad Juárez que ha intentado acomodarse en el gobierno de Maru Campos.
A pesar de esa tormenta corrupta, Sánchez Soledad, formado en las estructuras panistas, ni se inmuta. Indiscutiblemente sabe demasiado. Y aquí es donde surgen todas las dudas previsibles: ¿Por qué el 6 de septiembre del 2021, en compañía de Javier Corral, el dirigente de Coparmex, afirmó que la nueva ruta troncal BRT-2 no es un capricho político o de intereses económicos, sino un sincero esfuerzo de dotar a los habitantes de su comunidad, a sus trabajadores, de un transporte digno?
Mintió frente a Javier Corral y miente todos los días cuando habla del transporte y del BRT-2. Ese día, para quedar bien con el entonces gobernante, afirmó que “ya estamos lejos de los tiempos cuando el transporte era instrumento de la manipulación política, de ser instrumento electoral, de acarreo, ahora existen empresas que buscan el lícito éxito”, dijo eufórico en un discurso que parecía estaba en Irlanda o en Curitiba, Brasil.
Y fue más lejos, Sánchez Soledad agradeció aquel día de septiembre al gobernador Corral y a su equipo de trabajo “por enfrentar con valentía la decisión de implementar el BRT para Ciudad Juárez”.
Así es de acomodaticio este singular dirigente empresarial. Se le consulta como gurú para saber si es propicia una feria en época de pandemia; se le consulta para el transporte y se le invita como personaje central de los recorridos; se le consulta para la defensa de Villa Integra; se le consulta para el clima y hasta puede dar cátedra de la fiesta brava. Olé y olé.
Sánchez Soledad se fue empapando del pulpo camionero, estudió la Ley de Transporte a fondo y aprovechó la ventaja de ser parte del Consejo Consultivo de Transporte.
¿Su pecado? El silencio, la mentira pública y el ocultamiento de información, que es básica para que el gobierno actual que encabeza Maru Campos, pueda arreglar el serio problema de corrupción de la oficina de Transporte.
La inclusión de Eduardo Fernández Sigala como jefe de Transporte, en sustitución de David Holguín Baca, fue una jugada que implica un plan de limpieza, pero no sabemos si ya empezó. No lo creo.
A esta hora, exactamente a las 12:09, del 26 de octubre del 2021, el nuevo titular de la oficina que regula el servicio de transporte de ciudadanos en todo el Estado, debe de estar muy enterado de cómo operó la corrupción con su antecesor y con Tania Amaya en ciudad Juárez. No puede decir que a él no le toca limpiar la casa, como suele ocurrir con los nuevos funcionarios.
Mucha de la papelería que ronda en las oficinas de transporte está chueca, mal elaborada, sesgada para beneficiar a los concesionarios que operan en la ilegalidad.
Si no lo sabe o si no ha preguntado, es un ingenuo o está planeando sumarse al baile del dinero. El solo dato del número de concesiones en Ciudad Juárez, nos da una idea de las proporciones del enorme pulpo camionero y lo fácil que es corromperse.
En Ciudad Juárez existen 10 mil concesiones de transporte colectivo y transporte de maquiladoras.
En abono a la corrupción, los concesionarios se reportaban, mes a mes, con la jefa de la oficina para arreglar la cuota de 20 mil pesos. No había intermediarios. La oficina era la receptora de los recursos ilegales.
El menú de atención era magnánimo: no molestar, no detener las unidades a falta de permiso, de concesión, de camiones humientos, por falta de licencia. El acuerdo implicaba la reducción de las infracciones de 8 mil a 300 pesos. Así de cómodo el asunto.
Un grupo de transportistas de ciudad Juárez decidió hablar con este reportero, a cambio de no mencionar sus nombres. El encuentro tuvo lugar en el Denys de Plaza Galerías. La plática está grabada y transcrita fielmente.
La historia es muy compleja, porque también la gobernadora panista está enterada del manejo de corrupción que operó, o posiblemente opere aún, en la oficina de Transporte en los tiempos pasados y en los tiempos presentes.
En septiembre, Javier Corral Jurado supervisó los trabajos de construcción del BRT 2, y anunció un avance de más del 50 por ciento, con algunos tramos al 99% y que se realiza con una coinversión de Fonadin-Banobras y Gobierno del Estado por más de 1000 millones de pesos.
Esa sola información debe motivar al nuevo gobierno a investigar lo que existe detrás de esta dependencia. La respuesta extraoficial ex preocupantes, pues se afirma que, en estos momentos, la gobernadora Maru lo menos que quiere es que se le mencione el tema del BravoBus, porque no hay recursos económicos, ni la obra es viable, además tiene muchos detractores.
Lo único que se hace en este momento es que las constructoras, que ya cobraron al gobierno, terminen su compromiso, pero no existe una relación formal gobierno-constructoras. Evidentemente operan sin supervisión alguna.
Por lo que se refiere a las licitaciones, los concesionarios hablan de lo grave de la situación: no se creó el Fideicomiso; no se ha establecido el sistema de recaudo. Como un simple ejemplo, el fondo de garantía que se iba a convertir en la base de los préstamos bancarios para la compra de camiones, fue una simulación del gobierno de Corral. Dijo que iba a depositar y nunca lo hizo.
Mientras no haya tarifa no hay camiones. Nadie pudo agenciarse de vehículos porque faltaba la tarifa, que es la base para poder solicitar créditos ante bancos o ante alguna financiera.
La base del estudio es la tarifa, por eso el líder de Coparmex, ajonjolí de todos los moles, ha insistido en ese tema. El promedio de pago mensual sería 70 mil pesos mensuales.
La omisión de Corral no es cosa pequeña. El dinero que requería el fondo es la contragarantía de los préstamos que la banca para que los transportistas echan a jalar el BRT. El compromiso del gobierno era de 50 millones de pesos.
La otra gran simulación fue la licitación de 27 recorridos y la reasignación a las diferentes empresas que fueron ganando los concursos. Lo que hicieron fue licitar algo que no existía, otra simulación corralista, avalada por el líder de Coparmex.
Ahora se puede establecer que todo es parte de una ficción. Es como la creación de una ciudad virtual. Las propias instalaciones donde se guardarían las unidades, no existen, ni siquiera se tiene una idea de dónde estarán ubicadas.
El gobierno había anunciado que las unidades en desuso que se ubican en la ciudad de Chihuahua, serían traídas a ciudad Juárez.
Se trata de 30 vehículos, modelo 2014, Mercedes Benz, en condiciones de dar el servicio, en ese momento. Había que hacerles reparaciones menores. De hecho las unidades están ya pintadas y llevan el nombre de BravoBus.
En Ciudad Juárez, la corrupción se manifestó en todo lo que refiere a tramitología. Nunca se permitió regularizar el transporte público. Se pusieron muchos candados, se emitió un decreto patito, una Ley fast track. Era un mundo de corrupción disfrazado de legalidad para sacar del rubro de transporte a los concesionarios de antaño.
Con ese disfraz de legalidad, se pretendía pasar la concesión a empresas foráneas, ni siquiera locales. Afortunadamente no lo logró el gobierno. Las amenazas permanentes. Nos decían que si los concesionarios locales no podían con el paquete, iban a traer una compañía de la Ciudad de México.
Los concesionarios señalaron que el gobierno los azuzaba con ingresar a Metrobus, de la ciudad de México, para modernizar todo el transporte de Ciudad Juárez. Ellos no tendrían problemas, pues su poder económico garantizaría que la tarifa fuera menor a los 8 pesos que se cobran actualmente.
Lo más grave, en este momento, es que quien ganó los concursos (licitaciones), no saben qué fue lo que ganaron. Porque sin tarifas todo está en el aire. No quiere decir que es irrealizable, pero una de las formas que destrabaría todo es que la gobernadora buscara un recurso, a través del fideicomiso, y reubicar las concesiones por las orillas y tumbar todos los paraderos que hizo Corral, haciéndolo menos costoso, e iniciar un buen proyecto, bien estructurado a la mitad de su sexenio. El BRT es un bebé que nació muerto, señalan los concesionarios.
Holguín Baca quería inducir a los concesionarios ganadores de las licitaciones a que compraran cierto tipo de camiones, con determinada compañía, que evidentemente los querían ofrecer a un sobreprecio.
Dicen los concesionarios que no aceptaron porque los alertaron que el tramado era la adquisición de los vehículos con un elevado sobreprecio. Ellos sugerían la marca, pero los concesionarios analizaron el precio con otros proveedores y descubrieron el fraude.
David Holguín Baca era el principal instrumentador de esta acción fraudulenta. Holguín es un hombre corrupto. Todas sus operaciones tenían el mismo tinte de chuecura.
A Tania Amaya, le decían la corruptota, y era el brazo ejecutor de David Holguín en Ciudad Juárez. Ella se dedicó a acatar las instrucciones de este individuo. Su misión era frenar todo tipo de trámite con la finalidad de hacer quedar fuera de la ley a los transportistas para cobrar la cuota.
Era más que obvia la estrategia de los dos funcionarios. Actuaban poniendo trabas para solicitar cobros extralegales.
Los números no mienten, un 60 por ciento de las unidades de transporte no cuenta con regularización o revalidación actual. Debido a ese bloqueo, instrumentado por Holguín Baca y Tania, se cobraron grandes cantidades de dinero y posiblemente se sigan cobrando.
En Ciudad Juárez se mantiene acéfalo el cargo, pero a nivel estatal fue colocado el ex diputado Eduardo Fernández Sigala, un desconocido para los transportistas.
En la delegación de Ciudad Juárez se está operando con un funcionario interino.
La oficina de Transporte en el periodo de Javier Corral, pedía y tomaban dinero, como las administraciones anteriores. No hay diferencia alguna. Si se tratara de comparar a Duarte y a Corral en la oficina de Transporte, no hay comparación. Los actos ilegales fueron exactamente iguales.
Para darse una idea de la gran corrupción, vendieron en 700 dólares las nuevas concesiones de transporte de personal.
En Juárez eran 7 mil concesiones en la pasada administración, antes de salir César Duarte. Los permisos para circular dieron un brinco de 5 mil a 7 mil concesiones de Reyes Baeza a Duarte.
De 7 mil de Duarte, ahora el número de concesiones se incrementó con Corral a 10 mil. Aún se ignora cuántas concesiones se repartieron con exactitud. Hubo concesionarios que recibieron hasta 100 concesiones, a 700 dólares cada una.
Las maniobras se hicieron en los últimos días de la administración, cuando advirtieron que no se le daría seguimiento a la transa.
La nueva administración se vio muy ingenua, pues lo que querían era llegar. De hecho, Maru Campos supo lo que está ocurriendo en la oficina de Transporte.
En cierta ocasión, siendo alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos estuvo en Ciudad Juárez y en un diálogo con transportistas conoció de viva voz la corrupción y las irregularidades en la oficina que ahora está bajo su mando. Además fue advertida de lo que era el BRT-2.
Ella dijo que estaba dispuesta a hacer una ley de transporte donde intervinieran todos los sectores de Ciudad Juárez. Se comprometió a poner fin a tanta irregularidad y corrupción. Esa misma declaración la hizo, en privado, durante su campaña y, hasta este momento, no hay una sola señal de que algo ocurrirá en esa dependencia.
Lo que supo Maru Campos es que la gran corrupción se da con la tolerancia a miles de transportistas para que circulen sin placas, sin permisos legales, humientos, sin concesiones, sin licencias de manejo. Es la otra parte de las fallas estructurales del Transporte.
Tania Amaya era la encargada de cobrar a los concesionarios que andaban más chuecos. La cuota mensual ascendía a los 20 mil pesos.
Con la cuota de protección nadie molestaba a los concesionarios. Incluía no molestar a los choferes y cuando los agarraban les disminuían de 8 mil pesos hasta 300 pesos la multa.
La novatez e inexperiencia de la gobernadora mantiene en caos el servicio de transporte, señalan los concesionarios. La situación sería tan simple como contratar asesores que sean neutrales y conozcan del tema.
Los concesionarios explicaron cómo fue que se le dio el nombre de Bravo Bus. En realidad fue una convocatoria falaz. El gobierno fingió una consulta pública pero todos sabemos que era una deferencia al grupo De la Vega, por la secretaria consentida y ‘amigis’ de Javier Corral.
Se sabía que era una publicidad para la empresa de “esta señora”, se refieren, obviamente, a Alejandra de la Vega. Pero el nombre se le puede quitar en cualquier momento, esa es la parte externa del transporte, la interna es mucho más grave.
Tomado de Tal Cual