Por: Manuel Nárvaez.
Chihuahua, Chih., a 2 de mayo del 2022.- La propuesta de Reforma Electoral -a la “democracia”- del presidente surge de su anhelo por el poder absoluto.
Antes que nada, es imperativo recordarle al PUEBLO que AMLO y la 4T son responsables:
*De 118 mil homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado.
* De 600 mil muertes relacionadas con el SarsCov-2. (4to lugar mundial).
* De la escasez de medicamentos en el sector público de salud.
*De la desaparición de 30 mil personas.
*De 11 feminicidios diarios; 248 en el primer trimestre de 2022.
Estos temas los elude el presidente, mientras se pelea con todo mundo, y crea distractores como la Reforma Electoral, por eso es sano recordárselos.
Ahora bien, en 1977 se reformó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (Lfoppe) para elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público y orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de éstos en el Congreso.
En 1979 se realizaron elecciones para diputados, cuyo abstencionismo fue del 41.6% del padrón. El PRI obtuvo el 69.84% de los votos, ganó 296 diputados de mayoría; el PAN obtuvo el 10.79% de la votación y 4 triunfos, más 39 diputados plurinominales; el PCM 4.97% de la votación y 18 diputados pluris, el PPS con 2.59% 11 diputados pluris, el PST con 2.12% 10 diputados pluris, el PDM con 2.05% l0 diputados pluris y el PARM 1.81% 12 diputados pluris. https://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm
Con las reformas de 1986 de los 51 al 54 de la Cpeum se aumenta el número de diputados pluris de 100 a 200 y 300 de mayoría.
En otra reforma política en 1996 se duplica el número de senadores, pasando de 64 escaños por mayoría más 64 plurinominales.
El asunto es que el presidente quiere contarnos las muelas y quiere desaparecer a los diputados y senadores pluris, porque representa un ahorro de 24 mil millones de pesos.
Como canto de sirena la propuesta (distractora) endulza los oídos del Pueblo, pero en la práctica cercena de tajo la democracia.
Coincido en que el INE, la organización de las elecciones y mantener a los partidos políticos es obscenamente caro.
La elección presidencial del 2018 costó casi 30 mil millones de pesos, sin contar el costo de los organismos públicos locales electorales y sus respectivas elecciones.
La consulta para enjuiciar a expresidentes costó 530 millones de pesos y la consulta de revocación de mandato costó a los contribuyentes 1700 millones de pesos. Ambas por instrucciones de López Obrador.
A estos monumentales costos hay que sumarle los salarios de ensueño de los diputados federales que hoy rondan los 9 millones de pesos por tres años y de 20 millones de pesos por 6 años de senador (a).
Si al Pueblo le dices que los diputados y senadores pluris se embolsan esas cantidades groseras, obvio se va a enojar mucho.
Para muestra una distinguida lista de multipluris en Chihuahua: Javier Corral Jurado (4), Teresa Ortuño (3), Gustavo Madero (3) y Fernando Álvarez del PAN (3); Doroteo y Georgina Zapata (4), y Omar Bazán del PRI (3); Hortensia Aragón del PRD (3); Rubén Águilar Jiménez y Lilia Águilar Gil del PT (9); María Ávila y Alejandro Gloria del PVEM (4).
Si López Obrador quiere democracia, que empiece por su casa, y ordene a los legisladores locales y federales de Morena y sus aliados PT y PVEM, devolver al Pueblo la mitad de lo cobrado, para destinarlo a adquirir medicamentos.
Sí, me late que reduzca el número de diputados federales de 500 a 375, 300 de mayoría, 50 de prelación y 25 por lista de partidos.
El senado adelgazarlo de 128 a 96, 61 de mayoría y 32 de primera minoría.
Pero también meter a dieta a las dos cámaras, es decir, que el personal de apoyo a cada cámara no supere en 10 el número de legisladores federales.
Por último, prohibir las diputaciones y senadurías enlistadas a los dirigentes partidistas y a los familiares de éstos hasta el cuarto grado.
Con esto ya hay un ahorro y jubilamos a un buen de zopilotes políticos.
Es cuanto.
P.D. En mi siguiente entrega le atoramos al tema de la elección de consejeros y magistrados electorales, organismos públicos locales ectorales, financiamiento público y porcentaje de votación mínima para obtener registro y prerrogativas.