Por: Don Mirone.
Ciudad Juárez, Chih., a 22 de agosto del 2022.-En la pasada semana, fue tendencia la discusión en todos los sectores y en todos los niveles, sobre los hechos violentos generados por la delincuencia organizada en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Colima.
¿Fueron actos terroristas de los grupos criminales?, fue la pregunta que desató la polémica y acaparó la opinión pública, por la sincronización con que se realizaron, por el idéntico método que utilizaron para quemar unidades de transporte público, negocios de cadenas comerciales y para matar a balazos a civiles inocentes.
La definición universalmente aceptada de terrorismo, dice que son actos delictivos, concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, que son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas o religiosas.
Esta descripción encuadra perfectamente en lo que pasó en el transcurso de una semana en las cinco entidades, tres de ellas gobernadas por el PAN y dos por Morena.
Ejemplo de ello, fue lo que declaró en Guanajuato el pasado 14 de agosto la secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública, Sophia Huett, cuando admitió que el crimen organizado ordenó los ataques simultáneos en varios municipios, con instrucciones precisas de incendiar las tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo, por la simple razón de que buscan presionar a la autoridad para que un delincuente no sea aprehendido, o para realizar algún tipo de negociación.
No obstante, ninguno de los gobernadores y gobernadoras de esos estados, admitió públicamente que fue terrorismo, sino simples actos delictivos consecuencia de disputas de los grupos del crimen organizado. Así de simple.
Para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tampoco se trataron de eventos terroristas, y salió con el gastado argumento de que la alarma que cundió a nivel nacional, fue producto de un periodismo sensacionalista.
Así lo dijo en su mañanera del 15 de agosto: “Se habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que no es cierto. Muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar una campaña de inestabilidad, de desgobierno “(sic).
Otra vez el jefe de la nación minimizó los hechos y se negó a reconocer una verdad que lacera a la población, porque la complaciente política de su Gobierno, de abrazos no balazos, es lo que ha permitido que el narcoterrorismo tenga presencia en todo el país y provoque esa inestabilidad que se niega a admitir.
Los 80 atentados incendiarios contra negocios, transporte público de pasajeros y el asesinato de civiles indefensos, registrados y documentados en las ciudades de 5 estados, pero con mayor intensidad en Juárez, no fueron simples travesuras de bandidos descontrolados.
Fueron actos criminales debidamente premeditados, planeados y ejecutados, que los encuadran perfectamente en acciones terroristas, lo admitan o no las autoridades responsables de combatirlos.
Claro que no estamos hablando de organizaciones terroristas internacionales como la ETA, de España, del IRA de Irlanda, de Al Qaeda o el Estado Islámico, que persiguen fines ideológicos, separatistas y religiosos; sino de grupos delictivos mexicanos, que imitan sus actividades criminales para desestabilizar al Gobierno, que también es uno de los objetivos de los extremistas trasnacionales.
Según los criterios de organismos internacionales, lo que ocurre en México no se puede catalogar aún como terrorismo, pero según el sentido del ciudadano común, sí encuadran en este delito, desde el momento mismo en que provocan estado de terror en la población.
Desde el punto de vista metodológico, “se considera terrorista al grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están destinados a producir terror en la población y se definen sin duda como terroristas”.
En el Derecho, se considera terrorismo “a la actividad ilegal que utiliza o amenaza con el uso premeditado de la violencia, para infundir miedo crónico en la víctima y la sociedad, en busca de metas estratégicas determinadas por el autor material”.
Uno de los juristas en Derecho Criminal Internacional más reconocidos del mundo, que además fue presidente del Tribunal Penal Internacional, el profesor italiano Antonio Cassese, sostuvo que son tres los elementos que definen al terrorismo: se trata de actos criminales que constituyen delitos en las legislaciones penales nacionales; que son cometidos con la intención de provocar un estado de terror en la población; y, que se comenten con una motivación política o ideológica.
Las dos primeras condiciones del erudito en la materia, se dan perfectamente en los atentados ocurridos en México. Solamente la tercera queda descartada hasta que se despeje la duda, sobre si hubo o no, un trasfondo político en los hechos, habida cuenta de que el Gobierno federal se ha distinguido por proteger los derechos de los criminales, “porque también son seres humanos”.
La negativa de los Gobiernos a admitir que ya estamos sufriendo actos terroristas, basados en la supuesta ausencia de una definición clara para este delito, solo le sirve a la delincuencia organizada, porque detiene cualquier ayuda internacional para combatirla y anularla.
Si alguna firma de opinión pública levantara una encuesta sobre cómo calificarían los atentados recientes, la respuesta sería sin duda terrorismo, porque es lo que se escucha en las calles, en los cafés, en las redes sociales… en todos lados.
Queda claro que los gobernantes no reconocen la presencia del terrorismo ni lo reconocerán, porque sería tanto como aceptar su vulnerabilidad y la responsabilidad que tienen, por haberlos dejado crecer al grado de apoderarse de la paz social del país, mediante el terror.
Esa responsabilidad incluye, también, que tendrían que cumplir con las obligaciones que los países miembros de la ONU tienen para las víctimas del terrorismo y sus familias.
Si las acciones alevosas del narcoterrorismo, han costado miles de vidas de civiles inocentes y muchos otros han perdido la salud o quedaron incapacitados para seguir una vida normal, mientras que cientos de miles perdieron su patrimonio, es tiempo de que los gobernantes respondan estas preguntas:
¿Quién ha apoyado a las familias de las víctimas para salir adelante? ¿Quién vela por ellos o los indemnizará para resarcir los daños causados por la omisión del estado, de garantizarles la seguridad a sus vidas y sus bienes?
Si el Estado no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, para los que fueron electos gobernantes, es lógico que deben pagar las consecuencias de su ineptitud e indolencia.
Las familias que sufren todos los días la criminal actividad terrorista, tienen que ser atendidas e indemnizadas. No basta la creación de fiscalías especiales que no sirven para nada, ni de fondos que ayuda, que no ayudan y que van a parar al fondo de los bolsillos de funcionarios corruptos.
Ya basta de justificar y eludir el fondo del problema, deben pagar por la forma en que terminan miles de vidas y quedan en el desamparo las familias, a consecuencia de la tolerancia que han tenido con los grupos criminales, ahora convertidos en émulos del terrorismo internacional.
No es suficiente que digan que lo lamentan o que persiguen a los criminales y que pagarán caro lo que hicieron, como lo expresaron después de los 80 ataques en los cinco estados.
La gente que sufre las consecuencias de su ineficiencia, reclama justicia, pero también apoyo a las familias por sus pérdidas y los traumas que dejaron los atentados.
No es tiempo de buscarle una interpretación semántica a la verdad, cuando ya tiene nombre y apellido. Si siembran miedo en la población con ataques criminales, se llama terrorismo, y este debe tener consecuencias para los que lo cometen, pero también para los que lo toleran.