Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de septiembre del 2022.- El diputado local por Morena y defensor de los derechos humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson comentó que desde la teoría de los derechos humanos la iniciativa para reformar la Guardia Nacional y pasarla bajo el mando del ejército mexicano es complicada.
Gustavo de la Rosa Hickerson vivió desde los once años en Ciudad Juárez, lugar donde no solo se desarrollo como abogado, sino como defensor de los derechos humanos, logrando documentar a lo largo de más de 50 años violaciones de la dignidad humana
Lo anterior debido a que nos dice que el ejército no debe de estar asignado a las tareas policiacas, sin embargo, como el legislador morenista refirió que al haber vivido en Ciudad Juárez y desempeñarse como abogado por más de 50 años, ha conocido esta frontera desde 1957 a la edad de once años.
Durante este tiempo De la Rosa Hickerson destacó que, “la teoría y la realidad, es que las tareas de investigación y de prevención policiaca deben ser hechas y depender de un cuadro es decir una corporación civil, la cual debe de respetar los derechos humanos de los ciudadanos y debe de ser una corporación civil que garantice el debido proceso, que protege a ambas partes, tanto para las víctimas como para los victimarios.
El destacó que las corporaciones civiles deben de tener mecanismos internos del combate a la corrupción, así como de ser transparentes, en ese sentido, el legislador morenista comentó que desde los medios de comunicación y ha platicado con los presidentes de Ciudad Juárez, desde Rene Mascareño hasta Cruz Pérez Cuéllar planteando el problema de la inseguridad y de la corrupción policiaca.
Desde hace 65 años es necesario organizar y fortalecer la policía municipal como una organización de corte civil, con mandos civiles dependiendo del alcalde, lo que he encontrado y desde que fungió como director del Cereso en Juárez es que la delincuencia en esta frontera “vive en una comunidad que se ha formado desde el tiempo atrás, es decir se hizo una comunidad policiaco-delictiva, es decir si hay un nuevo delincuente se dan cuenta los cuerpos de seguridad pública municipal y al mismo tiempo los delincuentes y los policías”, esto no quiere decir que todos los policías sean corruptos, refirió De la Rosa Hickerson.
“Yo la vivi y la sigo viendo, el como se ha fracasado en ciudad Juárez donde desde la administración de Mascareño se hablaba de poner casetas telefónicas en distintos puntos de esa frontera para que los habitantes pudieran hablar de manera directa con la policía. Después cuando aparecen las cámaras se invirtió en cada inversión en uno o dos proyectos de video vigilancia en esa frontera y ahorita no hay más de 200 cámaras funcionando, además de que las cámaras que están están apuntando al cielo, denunció.
La policía estatal proviene de la rural y cuando se hizo con el objetivo de fortalecer el mando civil, el cual hasta el momento no se ha podido tener una policía estatal que verdaderamente investigue y actúe, que de verdad vea a la sierra y esta frontera sigue sin consolidarse como una policía que se haga cargo de la reducción de la violencia en Ciudad Juárez.
Desde antes de Giner la sierra había sido cubierta por militares pero sobre todo con Oscar Flores, la operación Cóndor sobre los pueblos en los municipios de Baborigame se han estado haciendo tareas de intervención policiaca.
La Fiscalía General de la República es la institución policiaca civil que debería de estar enfrentando la delincuencia organizada, pues es la que esta constitucionalmente y operativamente, fundamentalmente facultada y de responsabilidad contra los delitos federales, pero de acuerdo con De la Rosa Hickerson aseguró que tiene toda la vida desde antes de Oscar Flores
En Ciudad Juárez la FGR solo tiene un ministerio público para llevar a cabo la investigación de los delitos del fuero federal, nada más hay uno por turno, es por ello que cuando uno ve en 50 años el fracaso de las estrategias de seguridad, pues en esta frontera el grupo delincuencial de La Línea eran los policías de mando civil, el comandante del segundo turno era el ejecutor quien personalmente con sus manos estrangulaba a sus contrarios, es decir, a quienes se confrontaban con el cártel de Amado Carrillo “El señor de los Cielos”.
Cuando Calderón declara la guerra contra el narcotráfico en ves de a la corrupción, vienen los militares y cometen las peores barbaridades, el primera acto emprendido por las fuerzas castrenses fue dispararle a una patrulla de la policía municipal.
Durante ese período, De la Rosa Hickerson documentó como defensor de los derechos humanos más de 25 ejecuciones extrajudiciales en un día, en tanto que entre el municipio y la visitaduría en el 2009 recogieron más de mil 150 quejas de violaciones a derechos humanos de invasiones a las casas, violencia contra las personas, de tortura, privación ilegal de la libertad, todas ejecutadas bajo el mando del general Juárez y Espitia.
Ellos cuando llegaron a Juárez dijeron a los periodistas en un evento con los empresarios, “mi orden de cateo se llama marro y ya no me manden a los periodistas para que me anden preguntando cuantos muertos más hay, sino reporten ustedes cuantos delincuentes menos hay”, refiriéndose a los que moría.
En ese contexto, la tasa de homicidios en el mes de febrero del 2008 era de 50, luego vienen los militares se va hasta 300, entonces los militares de Calderón y de Díaz Ordaz, Echeverría, fueron militares asesinos, pero no eran asesinos los soldados, sino la orden de disparar a matar venía del general secretario, es decir, muchas de las veces del mismo presidente de la república.
Durante esta época, el legislador morenista tuvo que salir de Ciudad Juárez, para refugiarse en los Estados Unidos, no obstante, tras encabezar un dialogo con los mandos militares, iniciando un gran curso para los militares de la zona de Chihuahua y Coahuila, donde sesionaban militares y ciudadanos para capacitar s lo mandos en materia de Derechos Humanos, logrando detectar una gran ignorancia, que se traducía en la negación de contestar las recomendaciones, argumentando que ellos nada más le contestaban al secretario de la defensa nacional.
Duramos dos años, el primer año, se redujeron las quejas por violaciones a derechos humanos, pasando de miles a 46 quejas, al siguiente año se negocio con el General Secretario que enviara un oficio firmado y redactado por él donde ordenara a los mandos operativos en Chihuahua, que si se presentaban casos de violaciones a derechos humanos, ellos serían procesados.
Al término del 2011, ya para concluir el curso de Derechos Humanos, se tienen menos de 10 quejas de violaciones a derechos humanos por parte de militares en Ciudad Juárez, refirió De la Rosa Hickerson.
“Los militares nunca se han ido desde que inicio la operación Cóndor del estado de Chihuahua, esto desde 1970, van 52 años, y cuando fui director del Cereso, mi apoyo fueron los militares, porque no podía confiar en los policías”, comentó.
Cuando se restablece el mando civil en Juárez, con Laizaola cometió un promedio de cien mil violaciones a Derechos Humanos por año, de las cuales se destacó la detención de personas en la calle por su aspecto, remisión a la delegación, investigación sin tener una causa, además de imponerle una multa para dejarlos salir, él superó a los militares, pues Laizaola era militar.
En conclusión, la teoría de los Derechos Humanos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, establecen que el estado en su conjunto, tanto municipal como estatal y federal está obligado a brindar como garantía individual un clima de paz y seguridad para el desarrollo de la sociedad, en un mando civil, honesta, eficaz, deslindada de la delincuencia, que respete los derechos humanos.
Al menos en la práctica, viendo como actúa la Policía Municipal y la Guardia Nacional actual ya no en la teoría en estos años inmediatos preferiría que la Guardia Nacional se hiciera cargo de la política de seguridad preventiva.
En este sentido, De la Rosa Hickerson coincidió con la postura del PRI entorno a que este modelo de Guardia Nacional dependiente de la Sedena sea únicamente por los próximos seis años, esto en tanto se bajan los indices de inseguridad en el territorio nacional, específicamente en esta frontera.