Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 11 de octubre del 2023.- n México, las autoridades de procuración e impartición de justicia sólo resuelven 10 de cada 100 delitos que se cometen, la mayoría de los estados que registran el 100% de impunidad en delitos como homicidio doloso, feminicidio o secuestro, son gobernados por Morena, entre ellos destaca la Ciudad de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el reporte “Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal”, realizado por la organización México Evalúa, desde 2017 hasta la fecha México ha alcanzado un nivel promedio superior al 90% de impunidad y al corte de 2022 no se ha reducido.
“En México la respuesta efectiva (de las autoridades) es mínima, la justicia penal ocurre sólo por excepción”, señala el documento consultado por Proceso y que la organización publica este miércoles 11.
Así, el estudio señala que para 2022 se registró un incremento en los niveles de impunidad, con respecto del año anterior pues la media nacional llegó a 96.3%, mientras que en 2021 esta medida fue del 91.8%.
En todo el territorio nacional 28 entidades mantuvieron niveles superiores al 90% de impunidad, las que encabezan la lista son Hidalgo, con 99.6%; Jalisco, con el 99.5%; Colima, con 99.5% y Ciudad de México con el 99.1%.
Las entidades federativas con menores niveles de impunidad están entre el 82% y el 87% y son Michoacán, con 82.9%; Baja California, 87.7%; Chiapas, con 89.1% y Sonora, con 89.3%.
“Desde 2008, el sistema de justicia penal se ha enfrentado al enorme reto de cambiar de paradigma, para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, y al mismo tiempo ha tenido que afrontar las consecuencias de las fallidas políticas de drogas y de seguridad. Dichas consecuencias, que están a la vista de todos, han incluido el aumento de la incidencia delictiva y las graves violaciones a derechos humanos.
“El incremento drástico de los homicidios, la desaparición de personas, la documentación creciente de fenómenos como la inhumación clandestina y las múltiples expresiones de la violencia de género son algunos ejemplos que evidencian una profunda deshumanización y descomposición social. Pero también evidencian la complejidad de las relaciones entre el Estado y los grupos criminales”, señala la organización.
El documento incluye la medición de los niveles de impunidad en delitos como el homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro, fraude, entre otros, de lo que destaca que durante el último año de gobierno de Claudia Sheinbaum la Ciudad de México mantuvo niveles de impunidad del 100% en la mayoría de los ilícitos que afectan principalmente a las mujeres.
Así, para 2022, el promedio de impunidad nacional de homicidio doloso fue del 95.7%, delito en el que Jalisco, la CDMX, Yucatán y Zacatecas, registraron niveles del 100% de impunidad.
Jalisco es gobernador por Enrique Alfaro, postulado por Movimiento Ciudadano, partido con el cual tiene una ruptura; Yucatán por el panista Mauricio Vila Dosal; y Zacatecas por el morenista David Monreal Ávila, hermano del senador con licencia Ricardo Monreal.
Mientras que en el año de la realización del reporte, la CDMX todavía era gobernada por Claudia Sheinbaum, quien pidió licencia al cargo con el propósito de participar en el proceso interno de Morena para elección de candidato presidencial de cara al 2024, del cual resultó electa.
Para el secuestro el nivel de impunidad llegó al 82.8%, delito en el que la CDMX y Quintana Roo también llegaron al máximo nivel del 100%, al igual que Aguascalientes, que en ese año fue gobernado por los panistas Martín Orozco Sandoval y en octubre María Teresa Jiménez Esquivel; Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena y Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, también morenista.
Para el delito de extorsión el nivel de impunidad nacional llegó al 96.4%, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, gobernado por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, alcanzaron el 100%.
Excepto por Nayarit (69.4%) y el Estado de México (89.6%), el resto de las entidades federativas presentan niveles de impunidad superiores al 90% para casos de extorsión.
La impunidad no es feminista
Los delitos que implican violencia de género registraron niveles de impunidad de más del 80%, como en el caso del feminicidio en el que el porcentaje nacional fue del 88.6%.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante todo 2022 se registraron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947 (33.7%) se investigaron como feminicidios.
Según el reporte de México Evalúa, la CDMX, Zacatecas y Quintana Roo, gobernada por la morenista Mara Lezama Espinosa, alcanzaron el 100% de impunidad en este delito.
Mientras que las entidades con menores niveles fueron Nayarit, con 53.3%; Nuevo León, con el 69.7%, pese a los casos como el de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez; el Estado de México, todavía encabezado por el priista Alfredo del Mazo, con 77.1%; y Sonora, que encabeza el morenista y exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, con 81.7%.
El 93.8% de los casos de violación quedaron en impunidad durante 2022. Nuevamente Jalisco y la capital del país alcanzaron el 100%.
“Las principales formas de resolución de los casos (de violación) fue a través del juicio oral o del procedimiento abreviado derivando en sentencia condenatoria”, precisa el documento.
La impunidad en casos de violencia familiar fue del 98.6%, prácticamente todas las entidades de la República superaron el 90%, mientras que Zacatecas y la CDMX llegaron al 100%.
En el abuso sexual, el nivel nacional fue del 96.1% de casos en impunidad. Ciudad de México, Aguascalientes y Nayarit alcanzaron el 100%.
Sin embargo, las entidades con menores niveles de impunidad para este delito no bajaron del 80%: Yucatán 80.5%; Sonora 83.7%; Michoacán 84.8% y el Estado de México 85.3%.
Procesos judiciales
Según el reporte de México Evalúa, a nivel nacional hubo un deterioro en la confianza de la ciudadanía hacia todas las instituciones de gobierno, sin embargo, las autoridades de quienes más se desconfía son el Ministerio Público (-0.7%) y los juzgadores (-0.5%).
En la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de Justicia es encabezada por Ernestina Godoy, quien busca su ratificación para un segundo periodo al frente de la institución, y el Poder Judicial es encabezado por Rafael Guerra Álvarez, quien recientemente enfrentó una semana de paro laboral por la falta de pago a los integrantes del tribunal local, la desconfianza se intensificó en 2022 hacia el ministerio público (-3.3%) y hacia los juzgadores (-3%).
“La percepción de corrupción en las instituciones de justicia penal ha mantenido una tendencia creciente. De 2020 a 2021 se incrementó la percepción de corrupción sobre casi todas las instituciones del sistema, aunque las personas juzgadoras (67.3%), la policía preventiva municipal (66.8%) y estatal (64.6%), junto con el ministerio público y las fiscalía locales (64.7%) son las que presentaron un mayor porcentaje de personas que las perciben como corruptas”, afirma el documento.
Conforme al reporte, de las 2.3 millones de denuncias y querellas recibidas por el ministerio público en todo el país, el 87.9% derivó en la apertura de carpetas de investigación; es decir, 9 de cada 10 denuncias se investigan.
De esas carpetas el 86.8% fueron sin detenido y sólo el 13.2% con detenido, el 37% de estos últimos fueron judicializados por tratarse de casos en flagrancia.
En el Poder Judicial Federal el 82.3% de las detenciones fueron calificadas por jueces de control como ilegales por errores cometidos por autoridades de seguridad como el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional o agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Tabasco (40%), Nuevo León (50%) y Tlaxcala (57.1%), encabezaron la lista.
El 89.5% de las detenciones en flagrancia en el fuero local fue calificada de legal, pero destacó que en Colima, Jalisco y Tlaxcala 1 de cada 2 detenciones fueron declaradas por los jueces de control como ilegales y en el Estado de México, esta medida fue de 4 de 10.
Al cierre del 2022 el 52.3% de los casos permanecen en investigación, en el 43% restante el MP emitió una decisión de archivar temporalmente el caso (57.9%), el no ejercicio de la acción penal (22.4%) y la incompetencia (10.3%), el criterio de oportunidad (4%), la abstención de investigar (3%).
Aunque en el 27.2% de los casos que llegaron ante los poderes judiciales local o federal se dictó sentencia, ésta fue apelada.
“Esto muestra un alto nivel de impugnación respecto de las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional”, explica el documento.
De las apelaciones admitidas, el 27.8% concluyó en sentencia modificada y el 14.3% en la revocación de la resolución.
“Cuando menos en casi una tercera parte de las sentencias se identificó alguna falla, elemento o consideración que no fue adecuadamente analizada por el juzgado de primera instancia”, apuntó la organización.
Con información de Proceso.