Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de diciembre del 2023.- El exgobernador Javier Corral Jurado solicitó al Gobierno Federal su intervención, luego del incremento en las agresiones, fisicas, verbales y amenazas en su contra por parte de exfuncionarios estatales que fueron vinculados y procesados por participar en distintos actos de corrupción.
“Solicitó a las autoridades federales su intervención ante los hechos, ante la nula actuación de las autoridades locales que han permitido que aunmenten las hostilidades en su contra desde que se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum”, expresó desde su cuenta de Twitter Javier Corral Jurado.
Los hechos:
El día de ayer, el exmandatario se encuentraba comiendo con unos amigos en el restaurante «La Garufa” cuando arribó hasta su mesa el exsecretario General de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado en compañía de su yerno el exdiputado Fernando Reyes quienes comenzaron a recriminarle el haberlos enviado a prisión por haber participado en actos de corrupción.
En la grabación realizada por comensales de La Garufa se aprecia como Raymuno Romero Maldonado comienza a reclamarle a Javier Corral Jurado el haberlo enviado a prisión en pleno 24 de diciembre.
“Pinchi viejo pendejo…, no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, estaba celebrando con mis nietos y con mis hijos, cabrón 74 años me agarraste a 74 años, tengo 79”, se escucha gritar a Raymundo Romero Madonado.
Testigos señalaron que el exsecretario de Gobierno del exgobernador César Duarte Jáquez agredió a cachetadas a Corral Jurado y hasta le arrojó un vaso de agua mineral en la cara, por lo que de inmediato fue auxiliado por personal del restaurante.
Todo esto ocurría al tiempo en que el yerno de Romero Maldonado, el exdiputado Fernando Reyes también se unió a los reclamos y amenazas contra el exgobernador quién los envió a prisión junto con otros exfuncionarios de la administración de Duarte Jáquez, hoy preso en el Cereso de Aquiles Serdán por peculado agravado, enriquecimiento ilicito y crimen organizado en perjuicio del erario.
Cabe recordar que el exsecretario General de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado fue vinculado a proceso penal el 30 de diciembre de 2019, por el delito de peculado agravado, por lo que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, debido a su edad le impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario.
De acuerdo con la resolución del Juez dentro de la causa penal 2723/2018, en su calidad de Secretario General de Gobierno y Presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compra-venta de un predio rústico denominado “El Llano” de 40 héctareas ubicado en Guachochi para la construcción de un cuartel militar, el cual fue adquirido a un sobreprecio de 20 millones de pesos.
La segunda causa penal por la cual fue vinculado a proceso Romero Maldonado se encuentra plasmada en la causa penal, la número 1578/2020, donde el exsecretario General de Gobierno, participó junto con otros servidores públicos en la simulación de los procedimientos administrativos de contratación SH/AD/078/2012 y SH/AD/094/2012 con la empresa “Aliter Abogados S.C.”.
Fue a través de “Aliter Abogados S.C., que se desviaron 8 millones de pesos para una supuesta prestación de servicios profesionales de “Asesoría y capacitación en las distintas ramas del Derecho para los 67 municipios”
También se hizo otro desvió por 4 millones 150 mil pesos para una supuesta prestación de servicios profesionales de “Asesoría y consultoría jurídica en las distintas necesidades del Gobierno, dentro del programa Chihuahua Vive en la Legalidad”.
Mientras que, el exdiputado por Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez, fue sentenciado a tres años de prisión por un delito de corrupción en 2017, pues aceptó que simuló la prestación de un servicio consultoría para recibir 2 millones 420 mil pesos pactados con César Duarte, a cambio de votar a favor de la busalitización de la deuda pública en el Congreso del Estado.
Por lo que el 14 de diciembre de 2017, el juez de Control, Alejandro Legarda Carreón, emitió una sentencia condenatoria en su contra, como responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de cómplice auxiliador, sentenciandolo a devolver los 2 millones 420 mil pesos como parte de la reparación del daño y así purgar su sentencia en libertad, esto de acuerdo a la causa penal 1841/2017.
Ante estos hechos, el exmandatario Javier Corral Jurado denunció que van varios hechos en los que personas que estuvieron en prisión por delitos de peculado agravado, todos ex colaboradores de César Duarte, lo han amenazado, insultado e incluso han realizado actos de provocación de manera directa contra su persona entre los cuales se encuentra: Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor superior del estado; Alejandro Villarreal Aldaz, exsecretario de la sección 8 del SNTE; Christopher Daniel James Barousse, líder estatal de la Red de Jóvenes X México del PRI y Enrique Valles Zavala, ex Oficial Mayor de la Ciudad de Chihuahua.
Corral Jurado detalló que de las agresiones que ha sido víctima cuenta con información documentada y certificada. Sin embargo, es la primera ocasión en la que se le agrede físicamente, y se le vuelve a amenazar. Esto sin que ninguna autoridad local intervenga.
Destacó que la violencia en su contra ha crecido no solo desde que dejó el cargo de gobernador, en septiembre del 2021, sino que desde que decidió reunciar al PAN y posteriormente sumarse al proyecto de la Dra. Claudia Sheinbaum.
“Hay una creciente hostilidad hacia mi persona y se ha desatado una campaña de odio e infundios en redes y medios locales, alentada por el aparato del Gobierno del Estado de Chihuahua. Ante este estado de indefensión en el que me encuentro, por la abierta y cínica protección que María Eugenia Campos”, refirió Corral Jurado.
En este sentido, el exmandatario señaló a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de brindar a quienes calificó como “delincuentes confesos” protección. Por lo que decidió solicitar a las autoridades federales su intervención, “pues es absolutamente documentable la impunidad de la que gozan y de la que se ufanan públicamente a través de los medios de comunicación que sirven a la red de corrupción del MaruDuartismo, resultado de los 750 millones de pesos del erario que destina para calumniar y mantener en silencio sus abusos y corruptelas”.